Raúl Abad, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, y Mao Moreno, Vocal de la Comisión, expresaron su apoyo a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), para su consolidación a través de una disposición transitoria en la Ley de Educación Superior que está actualmente en debate. Además, después de recorrer las instalaciones del campus universitario en construcción, reconocieron que la universidad carchense ha avanzado a pasos agigantados en apenas tres años de funcionamiento.
Abad y Moreno llegaron acompañados por el asambleísta de Carchi, Edwin Vaca, quien conjuntamente con las autoridades de la UPEC, gestionaron para concretar esta reunión en la que los miembros de la Comisión de Educación fueron testigos de los logros administrativos, de infraestructura y presupuesto de la UPEC.
Además, representantes de los diferentes estamentos universitarios, como docentes y estudiantes, también expresaron la importancia de que los asambleístas conozcan de cerca la realidad de la UPEC y desde allí juzguen y tomen acciones en favor de la juventud del Carchi.
Por su parte el Rector Hugo Ruiz manifestó la posición de la universidad frente la nueva Ley de Educación Superior, para que se respeten los siete principios constitucionales que determinan a la universidad pública: Autonomía responsable, Cogobierno, Igualdad de oportunidades, Calidad, Pertinencia, Integralidad, Autodeterminación para la producción del pensamiento y el conocimiento.
Cabe destacar que Raúl Abad aseguró que los informes presentados por el CONEA y el CONESUP, no son de carácter vinculante, sino referenciales, por lo tanto será la Comisión de Educación y en sí la Asamblea Nacional la que determinará las estrategias de depuración y mejoramiento de las universidades del país.
Los asambleístas anunciaron que la comunidad de la UPEC y el pueblo del Carchi en general, deben estar tranquilos, ya que apoyarán a la universidad, institución educativa nueva, la que consideran fue injustamente categorizada en base a una evaluación inequitativa e inconstitucional.


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